Així està la cosa

Un toc d'humor

Entrevista a Samanta Villar

EL 25 de Juliol, l'Icult estiu de El Periodico publicava aquesta entrevista a Samanta Villar.
Clikeu la foto per llegir-la, no té desperdici: espontania, realista i optimista a la vegada i molt, molt clara.

No equivocarse de enemigo

Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.
            Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.
            Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.
            Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.
            Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.
            Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de  los funcionarios públicos.
            Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.
            Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.
            Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.
            Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.
            Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.
            ¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.
No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.

Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.

Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.
Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.
Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.
Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.
También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.
Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.
Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.
De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...
Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas.  No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.   

Magistrada Maria Tardón

ACCEDE AL ARTÍCULO  (El mundo)

El abogado que se querelló contra Garzón denuncia a Rajoy por conflicto de intereses al mantener su plaza de registrador

 

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante, tal y como había informado Atlçantica XXII en su número 17, el pasado mes de noviembre. El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa. El “clan” registral une y defiende intereses de políticos de todo pelaje: ministros, rotarios, aristócratas y hasta ultraderechistas. Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros, según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.
Rajoy y el lobby de los registradores (I): El multimillonario que quiere ser presidente
Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17  (noviembre 2011)
Por Fernando Romero, periodista

¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada: “¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”. El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar. Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Hoy, a las puertas del 20-N (convocatoria electoral, que no concentración en la Plaza de Oriente), ATLÁNTICA XXII puede darle esa información a la señora Aranguren: un millón de euros al año.

Un millón de euros al año es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros y a la que nunca ha renunciado. El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año. A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito.

El multimillonario Rajoy es presidente tras las elecciones generales del 20-N. Llegará al poder político pero no al poder económico porque ya lo detenta desde hace años como uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).

En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria… La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.
Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.

Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente. Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad. La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso.
La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.

En respuesta a Ruiz Gallardón, carta al País de Aurora Soto

En respuesta a Ruiz-Gallardón

Aurora Soto Santiago de la Ribera, San Javier, Murcia 24 JUL 2012

El ministro de Justicia ha declarado que “la malformación del feto no será un supuesto para abortar”. Como estudiante del último año de Trabajo Social y entender del tema me gustaría expresar mi máximo rechazo hacia esta reforma. Este rechazo se fundamenta en que nadie es quién para decidir si una mujer debe o no debe de tener un hijo y mucho menos con malformaciones.
Como se nota que el señor ministro no sabe de qué va el tema porque tras una muy mala excusa de decir que se protege al feto, se le recortan libertades a la mujer.
¿Sabe el señor ministro lo que supone mantener a un hijo con cualquier tipo de malformación? ¿Va el señor ministro a gestionar ayudas suficientes para mantener a las familias con hijos con malformaciones? ¿Van a invertir en educación para que esos niños puedan estar en colegios especiales? Porque Ruiz-Gallardón se permite la libertad de recortar derechos sin saber lo que conlleva.
Con esta reforma hemos retrocedido hasta los años setenta, cuando solamente las mujeres ricas podían acceder al aborto.
Durante años, muchas mujeres han luchado por conseguir los derechos que hoy tenemos. Solo espero que no sigan quitándonos más.—  

Aurora Soto.

Una imatge val més que mil paraules